Informe Especial
Unidad Investigativa* de Fundación Contravía para Periodismo de Verdad.
"En Colombia 142.420 personas han sido víctimas de desaparición forzada desde 1992’’: Fiscalía General.
Hace unos días millones de colombianos se indignaron cuando el Estado colombiano, a través de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, negó la existencia de víctimas de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida hace 34 años.
El hecho se dio a sólo 3 días -27 de agosto- de la conmemoración del día internacional de víctimas de desaparición Forzada. Pero pese a la posición negacionista del Estado colombiano frente a esos hechos concretos ya probados y además tutelados por la CIDH; es claro que Colombia es el segundo país del mundo, después de Siria, con más casos de desaparición forzada: 142.420 personas.
A diferencia de algunas posiciones asumidas por el Estado, que van en contra de fallos condenatorios nacionales e internacionales sobre este delito, varias ONG defensoras de derechos humanos trabajan desde hace varios años diferentes líneas de investigación para demostrar que el Estado es responsable directo de buena parte de los casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
Cómo olvidar entonces, que hace 10 años, para citar un caso puntual, empezaron a crecer en La Macarena, Meta, los números de desaparecidos, que muchos fueron reportados como muertos en combate por la fuerza pública y que buena parte de estos se trataron de ejecuciones extrajudiciales. Se dijo entonces que Colombia estaba ante una de las fosas comunes más grande de Latinoamérica y era verdad.
Hoy, una década después varios informes como ‘Desenterrar La Verdad En Los Llanos Orientales’ una investigación del colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, lo confirman.
Vamos al informe
El documento es el resultado de un trabajo de varios años de investigación de Oenegés liderado por el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda que tomó como referencia las historias de las víctimas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas entre el 2001 y el 2011 en los departamentos del Meta y el Guaviare. El propósito de la investigación es ilustrar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y a la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, para pedirle determine la pertinencia y abra el caso correspondiente a esa zona de Colombia, con énfasis en las víctimas de Estado, cuyos casos han permanecido en la impunidad por décadas.
La Macarena y los otros municipios de la antigua zona de distensión entre 2001 y 2011 ayudaron a convertir al Meta, en el segundo departamento de Colombia con más desaparecidos.
El trabajo de estas organizaciones en los Llanos Orientales arrojó que sólo en los cementerios municipales de Villavicencio, Granada, Vistahermosa, San José del Guaviare y La Macarena se encontraron 2.304 cuerpos de personas no identificadas inhumados. De estos 1.674 –el 72 por ciento- fueron reportados por las fuerzas del Estado como muertas en Combate.
En La Macarena, municipio donde se desplegó la unidad militar conjunta más grande del Estado durante la seguridad democrática, La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se reportaron 464 cuerpos no identificados inhumados equivalentes al 20 por ciento; y de este número 424 fueron presentados por el Ejército como bajas en combate, es decir el 25 por ciento del total de los 5 municipios (1674).
Según el informe, allí en La Macarena sólo se han logrado identificar 160 cuerpos. Han sido exhumados 118 y apenas 37 entregados a sus familiares. Este municipio en el Meta, se convirtió en el segundo con más reportes de muertos en combate, sólo por debajo de Granada con 450 bajas, según información entregada por la FGN con corte 9 de febrero de 2018.
Ahora, la misma FGN asegura en respuesta de derecho de petición a Contravía, que sólo en los últimos 18 meses, con corte 16 de agosto de 2019 el número de exhumaciones en La Macarena subió a 304 es decir se incrementó en más del 200 por ciento. También informa que el número de cuerpos preliminarmente identificados por cotejo de necrodactilia pasó a 169, es decir 9 más.
Sin embargo, lo más preocupante es que no hay certeza sobre los reportes de la Fuerza Pública, advierte el informe, y se presume que muchas de estas personas no murieron en combates sino fueron víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudicionales, también llamadas falsos positivos. Sólo 899 personas, el 39 por ciento, fueran identificadas de forma preliminar concluye el informe.
A nivel nacional, la investigación pudo confirmar que para finales de 2017 existían al menos 26.395 cuerpos enterrados sin identificar en 426 cementerios municipales en toda Colombia, incluidos los cinco citados de los Llanos Orientales, según las cifras del Ministerio del Interior.
Los responsables de los dudosos reportes en el Meta y el Guaviare apuntan, según el documento entregado a la JEP, a varias unidades del Ejército: Batallón de Infantería Pantano de Vargas, en Granada; Batallón José Joaquín París, en San José del Guaviare Séptima Brigada; Batallones de Contraguerrilla No 83, 84, 85 y 86, de la Brigada Móvil No 12; y a unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, FUTCO, creada en 2003 y acantonada desde entonces y hasta la actualidad en La Macarena, que respondían operacionalmente para esa época (2002 – 2010) a la política de seguridad del Estado conocida como seguridad democrática, ordenada por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.
Una visita de despedida para la historia
Justamente fue el entonces presidente Álvaro Uribe quién viajó a La Macarena, Meta, para defender su ‘seguridad democrática’, dos semanas antes de terminar su segundo periodo en 2010. Una visita, según él, para fortalecer la moral de las tropas, darle gracias a los héroes de Colombia y como respuesta a una audiencia pública del Congreso organizada en ese municipio por el hoy senador Iván Cepeda quien llevó como invitados a varios eurodiputados, funcionarios del gobierno estadounidense y a otros congresistas colombianos, para denunciar internacionalmente lo que en su momento se presentó como la fosa común más grande de Latinoamérica.
‘’De mi parte vengo a decirles –a las tropas-, muchas gracias, ha sido un honor trabajar con ustedes en estos años, tengo que dar mi testimonio de su gran heroísmo, de su exposición al riesgo, de su combatividad, y de su responsabilidad…’’ elogiaba por aquel entonces Uribe a los soldados de la Fudra, y de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
Y continuaba ‘’…Aquí vinieron los enemigos de la seguridad democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el Ejército de la Patria. Muy bueno tener eso documentado para enfrentarlos…’’ haciendo clara alusión a los defensores de derechos humanos y congresistas miembros de las Comisiones de Paz que habían organizado la audiencia pública.
Pero allí no paró su defensa a las tropas. Aprovechó para atacar un eventual proceso de paz y alimentó en los soldados la necesidad de una guerra eterna: ‘’Ahora el terrorismo quiere tender la trampa de frenar esta victoria parcial a través de la combinación de formas de lucha. Hoy, el terrorismo a través de voceros está proponiendo la paz para poderse refrescar y recuperare, para prolongarnos la victoria final…a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la fuerza pública, y cómo la sindica de violación de derechos humanos. No podemos caer en las trampas del terrorismo, firmeza…’’ les pedía el comandante en jefe de la seguridad democrática.
Pero volvamos al informe
De los casos de los Llanos oriental 64 serán remitidos a la JEP, y de estos en 20 expedientes ya ha sido condenado el Estado por jueces y tribunales administrativos que han proferido sentencias contra la nación por considerar que las víctimas eran civiles en estado de indefensión; y en otros 4 casos en la jurisdicción penal contra militares por falsos positivos probados.
También la JEP conocerá de primera mano otras conductas delictivas asociadas en estos casos como cuerpos incinerados por ‘’salubridad’’o movidos del lugar donde fueron asesinados, inconsistencias entre las heridas marcadas en sus ropas y los cuerpos o tallas que no correspondían, entre otras.
Hasta el día de la presentación del documento al menos 83 militares que habían operado en la FUTCO en el Meta, en las unidades relacionadas, se postularon a la JEP e iniciaron versiones voluntarias. Además, dice la investigación, 737 casos serán conocidos por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto (UBPD). De estos 447 pertenecen a los cinco cementerios mencionados; los otros 290 casos serán entregados con el propósito de avanzar en las tareas de búsquedas.
Cinco largos periodos presidenciales
Desde el gobierno de Ernesto Samper los siguientes cuatro periodos hasta Juan Manuel Santos tomaron medidas excepcionales en esa región de Colombia donde están ubicados los cinco cementerios. Siempre asumieron una lógica de guerra que entregó poderes especiales a la Fuerza Pública en detrimento de los derechos fundamentales de la población civil.
Samper, por ejemplo, consolidó las Zonas Especiales de Orden Público, ZEOP; Andrés Pastrana, los Teatros de Operaciones Militares TOM; y Álvaro Uribe, su controvertida Seguridad Democrática y el Plan Patriota para su primer periodo; y la Política de Consolidación Territorial y el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, PCIM, entre 2006 y 2010; lo que explicaría la importancia de su visita a la zona unos días antes de entregar el poder a Juan Manuel Santos para defender la imagen de las tropas adscritas a La Fuerza de Tarea conjunta Omega, y acantonadas en los Llanos orientales, y vinculadas en esta investigación.
En este punto vale la pena recordar que en todos los periodos los miembros de la fuerza pública recibieron facultades extraordinarias como el derecho a restringir la movilidad de las comunidades campesinas, la interceptación de comunicaciones por orden verbal o incluso las inspecciones y registros domiciliarios sin orden judicial previa.
Al fondo de la Seguridad Democrática
Además de las facultades concedidas a la Fuerza Pública durante esos 20 años los militares recibieron prebendas especiales por resultados operacionales contra los grupos alzados en armas y por la lucha contra el narcotráfico.
Pero fue durante los dos periodos del expresidente Uribe que esas facultades y beneficios se desbordaron con la firma de directivas ministeriales especiales como la 029 de 2005 firmada por el ministro Camilo Ospina donde se premiaba con dinero, condecoraciones, traslados a las mejores unidades de las principales ciudades, viajes, cursos y comisiones de estudio y entrenamiento en el exterior a quienes dieran más bajas en combate; e incluso con jugosas recompensas en dinero a informantes muchas veces de dudosa credibilidad.
Esta auspiciosa política de recompensas fue lo que aumentó las desapariciones forzadas y desbordó el número de ejecuciones extrajudiciales en esos años, hechos calificados por onges como HRW y otros investigadores del conflicto como prácticas criminales, sistematizadas y generalizadas en al menos el 90 por ciento de las unidades operativas menores o brigadas dispuestas para controlar el orden público en el país durante los gobiernos de Uribe Vélez.
La importancia de La Macarena y la zona
La consolidación integral del territorio de La Macarena y sus áreas vecinas en 2009 fue el proyecto piloto bandera de esa seguridad democrática, quizás por eso allí, en su cementerio adjunto a una base militar, se encontró uno de los números más altos de cuerpos de personas desaparecidas sin identificar en los Llanos Orientales.
El censo de la Macarena y el área de operaciones de la FUTCO un año antes de que Álvaro Uribe entregara la Presidencia fue de 118.221 personas en cabeceras municipales y de 144.742 en el campo. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega llegó a tener 20.215 hombres es decir un militar por cada 13 habitantes en cabeceras; y un soldado por cada siete campesinos en las áreas rurales.
Esta consolidación de La Macarena también arropó a los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa, Mesetas, Uribe y San Juan de Arama, este último fue el único que no hizo parte de la zona de distensión.
Como resultado de esta ‘consolidación integral’ de La Macarena por parte de la Fuerza Pública, dice el informe, la zona se hizo inhabitable. Hombres, mujeres y menores de edad fueron víctimas de violencia sexual. El desplazamiento forzado salvó la vida de muchas familias y esos planes de control territorial también incluyeron el aumento de los falsos positivos.
‘’Los últimos 30 años evocan numerosos fantasmas dolorosos. Se impone recordar aquellos momentos vividos en el seno de cada familia, cuando los padres, los hijos; las madres, las hijas fueron desapareciendo y era riesgoso denunciar. Las verdades oficiales tampoco ofrecían credibilidad, más bien abundaban las estigmatizaciones y arrastraban en sus diezmos a familiares amigos y vecinos. En La Macarena los ríos vertían sus aguas hacia el municipio con olores nauseabundos, a muerte, que empezaron a crear incertidumbre, oscuridad. Las personas se desaparecían, la vida se hizo difícil y cambió para siempre. Sueños que aunque ahogados en sangre, nunca han muerto del todo…’’; este es el lacónico relato del jesuita Javier Giraldo, un incansable defensor de derechos humanos recordando una de sus visitas a La Macarena, en el marco de la presentación del informe ‘Desenterrar La Verdad En Los Llanos Orientales’ realizada en Bogotá el pasado primero de agosto.
Del informe Fals Borda a las cifras del Estado
La misma Fiscalía General de la Nación, que el 27 de agosto negó la existencia de desaparecidos forzados durante la retoma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 de noviembre de 1985, 10 días antes nos respondió un amplio cuestionario sobre el tema del que se puede destacar lo siguiente:
Desde su creación en 1992, los familiares de las víctimas de desaparición forzada en Colombia radicaron en la Fiscalía General de la Nación 127.583 denuncias donde quedaron registradas 142.420 personas por ese delito. Antioquia, con 30.518 casos; Meta, con 9.252; Cesar, 7.988; Putumayo, 5.455; Santander, 5.317; Valle del Cauca, 4.478; Caquetá, 4.285; Magdalena, 4.252; Arauca, 3.989; y Nariño, con 3.522 casos registrados ocupan los primeros 10 lugares del listado por departamentos.
Esos 10 departamentos, con alta presencia paramilitar en los últimos 30 años, concentran el 64.86 por ciento de los casos de desaparición forzada, es decir casi las dos terceras partes. Norte de Santander, departamento donde la guerra en el Catatumbo entre diferentes actores armados ha generado altísimo desplazamiento forzado, registra 3.522 casos.
Según el ente investigador, que incluye a Bogotá D.C. y Bogotá área rural como la única ciudad en la lista, en la capital de los colombianos se han recepcionado 3.468 casos.
La lista continua con Guaviare, 3.147 casos; Córdoba, 2938; Bolívar, 2559; Caldas, 2.529; Tolima, 2.410; Cauca, 2.300; Huila, 2.159; y Casanare, con 2.120 casos denunciados. Sobre la posible identificación de estas personas registradas como víctimas de desaparición forzada la Fiscalía General no tiene registros sobre exhumaciones realizadas anteriores a 2006. Sólo hasta hace 13 años creó el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, GRUBE, que empieza a registrar información oficial.
En 13 años de labores el GRUBE logró identificar y entregar a sus familias 3.983 cadáveres, número que corresponde apenas al 6.26 por ciento de los casos denunciados. También adelantó la exhumación de 1.809 casos más los cuales no se pudieron identificar. Los bajos resultados de deben a la falta de apoyo técnico y presupuesto para desarrollar una búsqueda más exhaustiva y focalizada.
Por ser Antioquia la región donde más desapariciones forzadas se han reportado, es allí donde más cadáveres se han logrado identificar y entregar a las familias: 727; cifra que representa apenas el muy bajo porcentaje del 2.38. En Magdalena, se repitió el ejercicio satisfactoria en 416 casos; En Córdoba, 358; Meta, 234; y en Putumayo se lograron identificar y entregar 275 cuerpos sin vida.
Sobre exhumaciones relacionadas
El GRUBE también facilitó información sobre los 2.254 cadáveres recuperados en cementerios municipales de Colombia, sin incluir los datos de las 6.211 fosas comunes de las que tiene conocimiento. El trabajo realizado demuestra que es en el Meta donde más exhumaciones se han hecho y que la ‘Consolidación Integral’ del control territorial de la zona estratégica de La Macarena, durante la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, habría conducido a que el número de exhumaciones alcanzará la cifra de 1.439 en ese municipio, Granada, Vistahermosa y Villavicencio.
La FGN ha recuperado 553 cadáveres de 452 fosas comunes en el departamento del Meta, muchas localizadas en La Macarena
En este punto se entiende el porqué del nombre del informe realizado por los investigadores de Orlando Fals Borda y las otras Oenegés: ‘Desenterrar La Verdad en Los Llanos Orientales’. En el banco de datos del GRUBE, La Fiscalía tiene registradas 6.211 fosas comunes, de las cuales logró exhumar 7.481 cadáveres en los últimos 13 años. En el Meta, según el ente investigador, habrían 452 fosas comunes que representan el 7.3 por ciento del total en toda Colombia; y 553 cuerpos exhumados, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional.
Antioquia lidera la fría estadística de número de fosas comunes encontradas en Colombia con 1.361 registros, equivalentes al 20 por ciento del total, a la quinta parte. Le siguen Magdalena, con 513 y Putumayo, con 453 fosas. El quinto puesto en esa tabla corresponde a Córdoba, con 354; el sexto a Bolívar con 262; el séptimo a Santander, con 255; y el octavo a Cesar, con 253 fosas.
En las fosas comunes en Antioquia el GRUBE exhumó 1.325 cuerpos; en Magdalena, 718 cadáveres; en Putumayo, 580; en Córdoba, 460; en Bolívar, 341; en Santander, 275; y en Cesar 310 cuerpos.
Los generales de la República siguen siendo intocables y las condenas contra la Fuerza Pública muy pocas. La impunidad es alta.
Según la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General entre 2008 y 2018 se lograron 822 condenas contra miembros de la Fuerza Pública; sin embargo, no establecen puntualmente a cuantas personas cobijan, de qué fuerzas son o sus respectivos grados dentro de la jerarquía militar.
Lo que sí detalla el ente acusador es que actualmente se encuentran abiertas 286 investigaciones en las que están siendo procesados 79 coroneles y 89 tenientes coroneles, siendo estos los grados más altos. Sin embargo, aclara esa dirección, que los generales son investigados por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y que la respuesta está en trámite.
La Fiscalía también detalla con nombres propios la lista de 16 coroneles o tenientes coroneles condenados en el marco de 48 investigaciones por muertes reportadas ilegalmente como bajas en combate. Entro estos sobresale el nombre del TC Robinson González Del Río, y aquí es bueno recordar que fue este quien aseguró que el general Mario Montoya, comandante del Ejército durante la seguridad democrática, les ordenaba dar bajas porque iba de visita el Presidente y había que mostrarle bajas. ‘’Yo no quiero regueros de sangre, yo lo que quiero son ríos de sangre…’’ declaró González Del Río en las audiencias de su causa.
También es relevante el caso del Coronel Luis Fernando Borja Aristizábal sobre quien se lograron varias condenadas relacionadas a 22 investigaciones.
Generales intocables
Ahora bien la delegada de la FGN ante la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del polémico fiscal coordinador Jaime Camacho Flórez responde al derecho de petición que en la actualidad cursan 31 investigaciones contra generales por falsos positivos, varios de estos activos, pero no entregan los nombres.
Agrega la Fiscalía Delegada ante la CSJ que en 15 casos contra 10 Generales se profirió resolución inhibitoria, archivo o preclusión pero no entrega detalles de esas actuaciones; sin embargo si advierte que por casos adelantados por esa delegada no se han dictado condenas contra ningún general.
En esa lista de absoluciones sobresalen los dos casos archivados contra el ex comandante del Ejército Mario Montoya, responsable de la Operación Orion y denunciado por varios subalternos por ordenarles dar bajas para mostrárselas al presidente. El motivo por el cual le fueron archivos dice la FGN en su informe es Conducta Atípica, art 79 c.p.p.
También fueron beneficiados con absoluciones los Generales Jorge Arturo Salgado Restrepo, investigado en tres casos. Los Generales Francisco Javier Cruz Ricci y Henry Torres Escalante, ambos con dos casos; y los generales Ricardo Andrés Mendiola, Paulino Coronado Gamez, José Joaquín Cortes Franco, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, Hernán Giraldo Restrepo y Fabricio Cabrera Ortiz, todos con un caso.
De estos generales absueltos por la Fiscalía Delegada ante la CSJ dos fueron aceptados en la Justicia Especial para La Paz, JEP: Mario Montoya y Henry Torres Escalante. Otro, el general José Joaquín Cortés Franco también pidió ingresar.
Unidad Investigativa*: Juan Pablo Morris; Iván Cruz; Daneisi Rubio; Ricardo Malagón.
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